La obligatoriedad en la carnetización de motoristas y el pago de onerosas multas fueron la justificación para que diversas rutas convocaran un “paro técnico”.

El desorden imperante en el sector de transporte de pasajeros lleva varias décadas. Debido a esto, las personas usuarias tienen que soportar, diariamente, un servicio que atenta con su seguridad (de acuerdo a algunos estudios es 12 veces más peligroso conducirse en un autobús o microbús que en un automóvil particular.)

Al abordar a una unidad de transporte en El Salvador es una habitual sufrir una serie de penurias que van desde los malos tratos verbales y físicos, hasta el acoso sexual en el caso de las mujeres y todo sumado a la incomodidad por el hacinamiento o el deterioro de los asientos o por ir inhalando en el trayecto grandes cantidades de humo debido al mal estado de las unidades, sin mencionar el peligro constante de sufrir un asalto o accidentes por la excesiva velocidad con la que se conducen algunas rutas cuando van disputándose los pasajeros.

El colmo es que esta situación, conocida de sobra por las autoridades, ha contado con el consentimiento y beneplácito institucional de administraciones pasadas y quienes lejos de exigir una real mejora en el servicio han cedido a las demandas y chantajes de algunos empresarios que valiéndose de “paros” en más de una ocasión revirtieron iniciativas destinadas a poner orden al sector.

Una de estas medidas de presión tuvo lugar hace apenas seis días, cuando diferentes rutas realizaron un “paro técnico” aduciendo que se les está imposibilitando proporcionar el servicio porque sus motoristas no cuentan con el carnét de autorización respectiva debido a la acumulación de multas de tránsito que, en algunos casos, sobrepasan los varios miles de dólares.

Las voces que siempre se escuchan:

Primero, los empresarios transportistas acostumbrados a hacer alarde de “indignación” no dudan en manifestarse en todos los medios de comunicación y piden flexibilizar los pagos de multas en cuotas accesibles, alargar plazos y agilizar la entrega de los carnets para sus motoristas y permitirles así conducir las unidades mientras “normalizan su situación”.

Segundo, los conductores de autobuses y microbúses, muchos de ellos expertos en violentar las leyes de tránsito, hacen una marcha, con consignas a todo pulmón, hacia la Asamblea Legislativa y solicitando la “comprensión” del gobierno para que les impongan cuotas que puedan pagar y así seguir llevando el sustento a sus familias, por supuesto a pesar que algunos cargan sobre sus espaldas montos en esquelas verdaderamente impagables.

Tercero, el gobierno, en la viva voz del Vice Ministerio de Transporte, diciendo que no dará marcha atrás con la medida. Su discurso envalentonado, nuevamente, suena firme como pocas veces se ha atrevido por miedo a que desde la Asamblea Legislativa le caiga encima un súbito decreto que condone las merecidas multas de los transportistas.

Las voces que nunca se escuchan:

Del otro lado, apenas se escucha la voz de la población usuaria que sufre a diario un servicio que fácilmente podría ubicarse entre los finalistas si compitiera por el galardón al peor servicio de transporte del mundo.

La opinión de la ciudadanía invisibilizada solamente se percibe en algunas encuestas de opinión. Siempre es el pueblo el que tiene que caminar cuando hay paro o aferrarse por su vida a la puerta del autobús cuando éste va repleto de pasajeros y la autoridad brilla por su ausencia.

CDC y ENLACES lo han dicho de manera tajante en una conferencia de prensa: "Esta situación debe cambiar de una vez por todas. Bien por el VMT que está firme en su posición y exige que se cumpla la ley, pero hay que ver más allá."

Nayda Medrano, directora ejecutiva del CDC, dice que este es un problema estructural que necesita medidas que trasciendan de la exigencia del pago de multas o la extensión de un carnet. Lo que se necesita es un nuevo sistema de transporte público con un marco legal sólido que permita al Estado proporcionar un servicio de calidad a la población.

A los periodistas parece que esta idea les suena a como un sueño imposible.

Edwin Trejo, coordinador del área de investigaciones, recuerda a los medios que asisten a escuchar el planteamiento de las asociaciones consumeristas que lo anterior no es un sueño o producto de la desbordada imaginación del CDC, estas iniciativas de transporte con administración estatal ya existen en algunos países de américa latina y son experiencias exitosas, tal es el caso Colombia, Brasil e inclusive en la vecina Guatemala.

Ahora sólo se necesita que quienes tengan en sus manos la toma de decisiones (Órgano Ejecutivo y Órgano Legislativo principalmente) finalmente escuchen el eterno reclamo de las personas usuarias del transporte y no el intermitente clamor que emana de las billeteras de los empresarios de transporte.

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Comunicado de prensa: Por un sistema de transporte público de calidad para las personas consumidoras

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