Racionalización del subsidio al gas, que dejó fuera a negocios de subsistencia de elaboración de alimentos, genera alzas en el costo de dichos productos.

En mayo de 2010, bajo los argumentos de ahorro fiscal, eficacia de las transferencias del Estado a los sectores de menores ingresos y combate al contrabando, el Ministerio de Economía anunció el Plan Integral de Ordenamiento y Transparencia del Mercado de Gas Licuado de Petróleo.

La medida consistía en eliminar el subsidio generalizado al gas propano y de esta manera concentrar el beneficio por medio de una transferencia monetaria directa a la población, según un parámetro de consumo de energía eléctrica.

Sin embargo, el criterio de la factura eléctrica evidenció sus limitantes en relación al elevado número de personas consumidoras de gas que no cuentan con el suministro de energía o que no disponen de una casa propia, por tanto, no poseen un comprobante de pago a su nombre y también dejaba fuera aquellas familias que comparten el uso de contadores, etc.

Fue así que, a lo largo de un año, el Ministerio de Economía fue ajustando la medida hasta que esa fue puesta finalmente en marcha el 1 de abril.

Al final, ocurrió tal y como el Centro para la Defensa del Consumidor -CDC- lo había pronosticado, en reiteradas ocasiones, a escasas horas de ponerse en marcha la racionalización del gas, el precio de venta de los cilindros se disparó, inclusive hubo prácticas de acaparamiento por lo que se hizo necesaria la activación del Sistema Nacional de Protección de la Persona Consumidora ante la entrada en vigencia del precio liberalizado de las diferentes presentaciones de venta del gas, sin embargo, se mantiene la amenaza de que la situación provocada rebase la capacidad operativa-institucional del Estado, dada la debilidad heredada de las administraciones anteriores y la lógica de libre mercado que impera.

En una conferencia de prensa, en la que participo el CDC, Enlace de las Asociaciones de Consumidoras y Consumidores de El Salvador (ENLACES) y representantes del sector informal de elaboración de alimentos en los mercados, se dio a conocer la afectación de la economía familiar por el alza de los precios de los alimentos preparados, como consecuencia de la falta de una metodología que incluya a aquellos negocios considerados de subsistencia tales como: comedores populares, tortillerías, pupuserías y otros.

Propietarios y propietarias de negocios de alimentación han expresado que los aumentos en el precio del plato de comida rondarán entre $0.25 y $0.50. Estas variaciones representan un incremento de 14% y 29% respectivamente en el gasto que una persona realiza al mes, si se toma un precio base para el plato de comida de $1.75. 

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Comunicado de prensa: Racionalización del subsidio al gas: poco integral y un nuevo golpe a la economía familiar.