Condenan toda manifestación de violencia y consideran que la criminalidad en todas sus expresiones debe ser combatido con toda la fuerza y eficacia del Estado.

La Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, espacio que aglutina a diferentes organizaciones de la sociedad civil, en defensa de los Derechos Humanos, se pronunciaron ante la coyuntura de la semana recién pasada.

La Concertación, ante los hechos suscitados, consideran que con el desarrollo del Programa de Ajuste Estructural, impulsado, por los gobierno de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), la brecha de desigualdades y de exclusión se incremento, produciendo entre otros fenómenos éxodos migratorios.

Los grupos conocidos como “maras o pandillas” no son ajenos a este tipo de fenómenos donde siendo parte de estos proceso de exclusión interno como externo, se inició una construcción de sujetos reinvindicando sus derechos, por el solo hecho de ser catalogados como “delincuentes”, por migrar.

Que las y los jóvenes son parte de un generación creada por graves problemas estructurales como la inequidad social y económica, desempleo, falta de oportunidades, desintegración familiar , muchos de ellos responsables de un porcentaje de los hechos de violencia, incluyendo asesinatos.

Sin embargo, estos grupos terminan teniendo un doble papel de víctimas y victimarios, donde se convierten en sujetos de manipulación de quienes ostentan y defienden el poder real.

Estos grupos, han sido respaldados por un poder real que aún funciona en El Salvador, al que no le conviene ver cambios estructurales en nuestro país, pues ello implicaría una re-composición del sistema económico.

Para las organizaciones sociales, agrupadas en la Concertación, es necesario generar las bases que propongan una nueva forma de construcción del Estado, que los intereses de pequeños grupos no se sobrepongan a la edificación de una democracia participativa.

En ese sentido, hacen un llamado urgente al Presidente de la República y al Gabinete de Seguridad para diseñar e implementar un verdadera política de seguridad pública, con participación social, donde se recojan las expectativas y propuestas de todos los sectores de la vida nacional.

A la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y al Órgano Judicial, a combatir eficazmente una de las principales causas de la violencia y la criminalidad: la impunidad, par lograr la verdadera paz.

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