El CDC considera que Funes hereda un sistema que privilegió los intereses del gran capital en detrimento de los derechos de las personas consumidoras.

Durante los veinte años que el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), estuvo al frente del Ejecutivo, las políticas públicas estuvieron encaminadas a la instauración del modelo neoliberal y a su consolidación. De esta manera, se impulsó la privatización de sectores estratégicos como los servicios públicos y la banca, se dolarizó la economía y se firmaron tratados de libre comercio.

Al cumplirse el primer año de gestión de un gobierno de izquierda, liderado por Mauricio Funes Cartagena, los principales hallazgos encontrados son:

1.Costo de la vida, servicios básicos y subsidios

Durante este primer año de gobierno, el costo de los alimentos no ha sido el detonante del incremento en el gasto familiar. El costo de la Canasta Básica Alimentaria ha mantenido un comportamiento estable entre junio de 2009 y abril del presente año, con un promedio de $167.73 (urbana) y $119.09 (rural).

Entre el 12 de octubre de 2009 y el 11 de abril de 2010 se aplicó el pliego tarifario de energía eléctrica que representó una reducción del 10.4% en la facturación final de aquellas familias con un consumo mensual promedio de 137 Kwh. Actualmente, se encuentra en vigencia el pliego tarifario que incrementaría el gasto en 18%; sin embargo, con la ampliación del subsidio hasta los 300 Kwh las personas usuarias no han sido impactadas con la alza.

En el mes de noviembre de 2009, entran en vigencia las nuevas tarifas por el servicio de agua potable, que implicó la focalización del subsidio, que hasta ese momento era generalizado. Luego de sufrir algunas modificaciones, la aplicación de este pliego representó un incremento de 73% en el gasto familiar promedio de 33 metros cúbicos mensuales.

Por medio del Decreto Legislativo No. 295, del 4 de marzo del corriente año, se establece una exigua reducción en el cargo de acceso de telefonía fija, que de $9.42 pasa a $6.94 (IVA incluido), representando una baja de 8.9% en la factura de telefonía fija para una familia con un consumo mensual promedio de 12:39 Hrs. Ambas tarifas mantienen a las familias salvadoreñas pagando el cargo de acceso más alto de la región centroamericana.

Recientemente, se realizó el anuncio oficial de la focalización del subsidio de gas propano, que, actualmente, es generalizado para toda la población. La metodología contempla entre sus parámetros un consumo máximo de electricidad de 99 Kwh. El consumo promedio mensual de energía entre las familias salvadoreñas asciende a 137 Kwh., por lo tanto, puede afirmarse que los hogares que consumen un cilindro de 25 libras de gas al mes, y que cancelan $5.10 por el mismo, tendrían que pagar $ 13.00, que representa un incremento del 155%.

Los salarios mínimos urbano y rural sufrieron una leve desmejora en la cobertura del costo de los alimentos y servicios básicos. Por su parte, el salario promedio, que se encuentra por encima de los mínimos, sufre una leve caída y de un 91.6% pasó a cubrir 89.2% del gasto familiar promedio.

Es importante mencionar que las medidas de entrega gratuita de uniformes, zapatos y útiles escolares, la evolución del programa Red Solidaria a Comunidades Solidarias Urbanas y Rurales, así como el establecimiento de las pensiones universales y la abolición de las cuotas voluntarias en el sistema de salud contribuyen a aliviar el bolsillo de las familias.

2.Acuerdo de Asociación

Los gobiernos de ARENA se caracterizaron por suscribir Tratados de Libre Comercio, obviando las asimetrías económicas y sociales entre regiones, la naturaleza excluyente y lo antidemocrático de los mismos al ser negociados a espaldas de los pueblos. Con la reciente firma del TLC, entre los gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea (denominado Acuerdo de Asociación), continua la lógica neoliberal de garantizar los intereses estratégicos de las empresas transnacionales.

3.Derecho Humano al Agua

El país enfrenta una creciente problemática relacionada con el agua: se encuentra al borde del stress hídrico, con un grave deterioro ambiental y una mala gestión del agua y de las cuencas. En lo que va del año de gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado importantes anuncios como: la creación de un observatorio y la creación del Consejo Nacional de Agua, sin embargo, el punto de partida debe ser la revisión integral debido a la carencia de un marco legal e institucional.

Es preocupante la promoción de figuras de asocio privado-público como el PROYECTO FIHIDRO, que denotan una tendencia clara a la utilización de patrimonio del Estado (Tanques, servidumbres, tuberías, etc.), en proyectos que, a final de cuentas, benefician únicamente a las empresas y cuyas negociaciones han sido manejadas con hermetismo y sin la participación y propuesta de organizaciones sociales y comunidades afectadas.

4. Salud Pública

Estudios evidencian que los precios de los medicamentos, en El Salvador, se encuentran entre los más altos de la región Centroamericana, por tanto la “Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios”, propuesta por el Ministerio de Salud es una normativa integral, que contribuiría a frenar los altos precios y garantizaría la calidad de los mismos. Esta iniciativa regularía además: el registro sanitario, control de las adquisiciones, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la prescripción, la dispensación, la fármaco-vigilancia, la publicidad y la educación al consumidor.

5. Sistema de Protección a la Persona Consumidora

Persiste un clima de desprotección e impotencia frente al accionar de grandes empresas, ante la falta de funcionamiento del Sistema de Protección de las Personas Consumidoras, ejemplo de ello, es el proceder de las entidades financieras y empresas telefónicas, que se caracterizan por el irrespeto sistemático de las leyes de protección de las personas usuarias, sin que la institucionalidad imponga sanciones ejemplarizantes contra: cobros injustificados, incumplimiento de contratos, falta de información, prácticas anticompetitivas, etc.

Durante el primer año de gobierno, el mayor obstáculo para la materialización del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, ha sido la ausencia del rol coordinador por parte de la Defensoría del Consumidor, así como la falta de reformas orientadas a romper el paradigma neoliberal, a partir de cuya implementación se construye la arquitectura jurídica e institucional que resguarda los intereses de las empresas transnacionales y grupos económicos dominantes.

Ante lo expuesto, el CDC, propone:

1. Que es papel del Gobierno, en conjunto con los diferentes actores de la sociedad formular e implementar políticas de Estado que protejan la economía familiar y abran la posibilidad de construcción de nuevos paradigmas de desarrollo económico; en ese sentido reiteramos que se estudie el establecimiento de un salario social, con la finalidad de cerrar la brecha existente entre los ingresos de las familias y el costo del conjunto de bienes y servicios básicos.
2. Que las acciones del Estado se orienten a generar una política integral de subsidios, la cual debe partir de la construcción de diagnósticos, que garanticen el beneficio directo a los sectores de la sociedad de menores ingresos y, además, sea sostenible en el tiempo y no entre en contradicción con las finanzas públicas.
3. Que se debe construir una Política de Comercio Exterior, que no condene a nuestros países a someter su soberanía a los intereses mercantilistas de las transnacionales. Por ello, exhortamos a la Asamblea Legislativa que no ratifique el mencionado Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
4. Que la aprobación de la Ley General de Aguas, Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento y la reforma para el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua, construya los cimientos para una gestión integral del recurso hídrico y superar la problemática del sector.
5. Que la Defensoría del Consumidor asuma el rol coordinador del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, del cual forman parte las instituciones que velan, a nivel sectorial por los derechos de las personas consumidoras, y que de esta manera se garantice el ejercicio pleno de los mismos.

En su discurso de toma de posesión, el presidente, Mauricio Funes, se comprometió a sentar las bases de un cambio, ante lo cual, el Centro para la Defensa del Consumidor insta a que la construcción de este proceso se fundamente en criterios de largo plazo, políticas de Estado sostenibles y defensa de derechos.

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Comunicado de prensa: Balance del Primer Año de Gobierno de Mauricio Funes.