En El Salvador, las tarifas de energía eléctrica se modifican cada seis meses, a veces bajan, pero, en la mayoría de los casos suben.

Durante los últimos años, las salvadoreñas y los salvadoreños hemos visto como se han venido incrementando las facturas de la electricidad.

En medio de una crisis económica, con salarios que apenas alcanzan a cubrir las necesidades elementales de la mayor parte de la población, las únicas que parecen siempre salir ganando son las empresas distribuidoras de electricidad a quienes la gente les paga directamente, a través de la cancelación de sus facturas, o indirectamente, mediante los subsidios estatales que no son producto del pago de impuestos.

Hay que recordar que fue durante la segunda mitad de los años noventa que se reformó el sector eléctrico en el país y se impulsa la privatización del servicio de energía eléctrica, en esa dinámica, se aprueba, en 1996, la Ley General de Electricidad, cuya lógica fue garantizar altos márgenes de utilidades a los operadores privados, sean estos: generadores, distribuidores y comercializadores.

Por ello, la tarifa de la energía eléctrica ha tenido una tendencia alcista en los últimos años, sin embargo, las finanzas estatales fueron sacrificadas para mantener los precios de forma artificial a través de un subsidio generalizado que fue abolido el año pasado y el focalizado (hasta un consumo de 99 Kwh en el sector residencial) porque los operadores privados del sector han tenido libertad para imponer sus condiciones en el mercado mayorista (Mercado de Contratos y Mercado Regulador del Sistema), en detrimento de los usuarios del servicio, todo esto bajo el amparo de una fiscalización permisiva y tibia por parte la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones –SIGET-.

Es importante señalar que la entidad que administra la operación del sistema de transmisión y del mercado mayorista de electricidad, es una sociedad denominada: Unidad de Transacciones (UT), en la cual participan los principales operadores del sector.

Esta situación tiene a la base la falta de transparencia en el funcionamiento del mercado eléctrico, bajo la lógica de asegurar altas ganancias para las empresas que operan el sector y la herencia de unas administraciones permisivas y tolerantes con los abusos de los operadores, situación que impacta en la tarifa de energía de eléctrica que pagamos las personas usuarias del servicio.

Por todo lo anterior, el CDC expone lo siguiente:

• Considera como una buena medida temporal, subsidiar a la mayoría de los hogares salvadoreños, sin embargo, se debe asegurar una política de Estado que rompa con el círculo vicioso de beneficiar a los operadores del sector, a costa de las finanzas públicas. Dichos recursos podrían ser invertidos en apoyar iniciativas de energías renovables.
• A la empresa privada, que no aproveche el alza de la energía eléctrica en el sector comercial e industrial, para realizar prácticas especulativas con la finalidad de obtener altas ganancias, en detrimento de la economía familiar; tal como sucedió con el impuesto específico a los jugos y néctares, el cual fue trasladado a los consumidores de forma integra.
• A la Defensoría del Consumidor, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Economía: que implementen un plan de vigilancia y monitoreo del precio de aquellos bienes esenciales para la población, a efecto de detectar malas prácticas que perjudiquen el bolsillo de la familia salvadoreña.
• Crear, difundir e implementar un plan de ahorro energético en todas las instituciones públicas, de tal forma que el Estado sea un ejemplo en la utilización racional y eficiente de la energía eléctrica; asimismo se deben de publicar los resultados obtenidos de dicho plan en un informe trimestral.
• En la actualidad, la Junta de Directores de la SIGET está estructurado de la siguiente manera: el Superintendente, quien es nombrado por el Presidente de la República, un representante de la Corte Suprema de Justicia y un representante de la empresa privada, esto evidencia la restringida participación de otros sectores como la academia y la sociedad civil.
• Modificar la naturaleza jurídica y las competencias de la Unidad de Transacciones (UT), dado el papel estratégico que desempeña en la operación del mercado eléctrico, y así tener una institución de carácter público, que coadyuve a la transparencia en el sector y garantice precios justos de energía.
• En el mediano plazo, se deben impulsar acciones que perfilen la diversificación de la matriz energética, privilegiándose las de carácter renovable -energía solar-, y alejarse de la dependencia de las energías no renovables- combustibles fósiles-.

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Comunicado de prensa: Servicio de energía eléctrica en El Salvador: Un mal estructural.