Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud hizo un llamado a que se vea la problemática del agua desde la perspectiva del derecho humano.

La Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud, de la cual el CDC forma parte, aseguró que la problemática de los altos precios en los recibos del agua potable y la crisis generada con ello es producto de la mala administración de gobiernos anteriores.

Integrantes de la Alianza manifestaron, en conferencia de prensa, que los problemas que se viven actualmente son debido al “desmantelamiento” de la autónoma, que fue debilitada al punto de tener que subcontratar a personal de Correos de El Salvador para hacer las lecturas de los medidores y otras irregularidades, tales como los millonarios casos de corrupción.

La Alianza también recordó a las autoridades el planteamiento hecho en diciembre por el CDC, en vísperas de la implementación del nuevo pliego que ha traído amargas consecuencias para miles de personas que son agobiadas con cobros excesivos e injustos, producto de medidores defectuosos, fugas o errores en la facturación.

Antes de haberse implementado el nuevo pliego tarifario, tendría que haber existido una campaña de concientización del consumo en la ciudadanía, expresó Danilo Perez, gerente de iniciativas ciudadanas del CDC y representante de la Alianza.

“No prepararon a la gente para esto. La gente siguió consumiendo y muchas personas tenían fugas en sus viviendas y tampoco conocían el comportamiento del nuevo pliego tarifario”, indicó.

Por su parte, Margarita Posada, dirigente de la Alianza, manifestó que es importante ir más allá y que el nuevo gobierno solucione el problema del abastecimiento, ya que en el área rural es del 54% y, en la zona urbana, del 87%, un problema histórico causante de enfermedades debido al almacenamiento que las personas se ven obligadas a hacer del agua, muchas veces en barriles oxidados o en pilas que se vuelven criaderos de zancudos.

También dijo que los problemas de la falta del vital líquido podrían incrementarse en un futuro no muy lejano si no se hace algo por corregir la actual situación de cobros excesivos y que, por lo tanto, peligra la salud de millares de personas que podrían quedarse sin agua al no cancelar los recibos.

“El centro de la discusión tiene que ser el derecho humano al agua”, dijo Posada.

Sin embargo la Alianza espera que la nueva propuesta del Ministerio de Economía, ANDA, y la Defensoría del Consumidor ponga a la base la focalización del servicio, ya que es justo que quien gasta más agua y tiene capacidad económica, pague lo que cuesta.

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