CDC y ENLACES consideran que, además, de un balance de los 100 días del Órgano Ejecutivo, hay que evaluar el trabajo de la Asamblea Legislativa.

Las expectativas que la población tienen del nuevo gobierno son grandes, trasciende en los diferentes medios de comunicación que existen opiniones a favor y otras que claman por medidas más rápidas y efectivas que beneficien a la población.

Lo cierto es que el presidente Mauricio Funes tiene apenas tres meses de haber asumido el mandato y existen una serie acciones que dan indicios de que el nuevo gobierno pretende cambiar la forma de hacer políticas públicas, al menos esa es la percepción que se tiene desde las organizaciones sociales que velan por los intereses de las y los consumidores.

Tanto el Centro para la Defensa del Consumidor -CDC-, como Enlace de las Asociaciones de Consumidores y Consumidoras de El Salvador -ENLACES-, ven como positiva la apertura de las instituciones gubernamentales muestran hacia las organizaciones sociales, hecho que quedó evidenciado el pasado 4 de septiembre cuando funcionarios gubernamentales recibieron en las oficinas del CDC una propuesta de Ley de Insolvencia Financiera.

Nayda Medrano, directora ejecutiva del CDC explicó a los medios de comunicación que la carencia de una política integral y una institucionalidad débil, con respecto a la fiscalización de los proveedores y de la tutela de los intereses de las personas consumidoras, es herencia de las anteriores administraciones, además que la tutela de los derechos de las personas no sólo es una atribución del Ejecutivo en la formulación de políticas públicas inclusivas, sino también de la Asamblea Legislativa, sobre la cual recae la función de crear los marcos normativos necesarios para la implementación de las mismas.

Por su parte Berta Rivera, vicepresidenta de ENLACES, exhortó a que, en la formulación de propuestas de subsidios para servicios esenciales como el agua, electricidad y gas propano, se garanticen los principios de sostenibilidad, transparencia, integralidad, solidaridad y responsabilidad estatal.

Finalmente, Edwin Trejo recordó que la labor de generar políticas públicas no sólo compete al Organo Ejecutivo y por tanto hay que exigir que la Asamblea Legislativa apruebe los siguientes cuerpos normativos: Ley General de Agua, Ley de Subsector de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Medicamentos, Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, y especialmente la Reforma Constitucional para el reconocimiento del derecho humano al agua.

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Comunicado de prensa: Balance y proyecciones de las políticas públicas del nuevo gobierno.