De acuerdo al CDC, la carestía y escasez de alimentos en El Salvador son, en buena medida, el resultado de prácticas monopólicas, acaparamiento y especulación.

Durante meses, las y los salvadoreños han visto con preocupación como cada vez el precio de los alimentos sube imparable y los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades más elementales.

La respuesta del Gobierno, hasta ahora, había sido tibia, por decir lo menos, con un discurso que raya en la impotencia, promoviendo únicamente medidas como el ahorro familiar y siempre acompañándolo con el estribillo de que la crisis económica se debe, en definitiva, a factores externos como el elevado precio de los combustibles y el incremento en la demanda de alimentos de grandes mercados como el de China y la India. Situaciones ante las cuales poco o nada puede hacer el Gobierno de El Salvador.

Sin embargo, el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) es de la opinión que el Gobierno sí tiene margen de maniobra, ya que existen evidencias de que lo que ocurre en el país es que en el mercado interno, el elevado precio de alimentos tan esenciales como el frijol se debe a prácticas como el acaparamiento y la especulación en la cadena de comercialización y, por lo tanto, existen leyes y entidades como la Defensoría del Consumidor que podrían sancionar a quienes, aprovechándose de un contexto de crisis internacional, incurran en estas prácticas.

Armando Flores, Director Ejecutivo del CDC, recalcó, en una entrevista televisiva, que, desde hace mucho tiempo, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han hecho estudios que constatan que los mercados en El Salvador y en el resto de Centroamérica se caracterizan por presentar prácticas monopólicas y oligopólicas y lo más alarmante es que dichos mercados incluyen el de los alimentos. (Ver video de entrevista)

Recientemente, el Gobierno a adoptado medidas “extraordinarias”, al recurrir a la importación de frijol nicaragüense para tratar de “estabilizar” los precios en el mercado nacional, y se han iniciado las investigaciones para determinar si efectivamente se están dando prácticas de acaparamiento y especulación, una medida novedosa considerando la tradicional apatía que el Gobierno tiene a la hora de establecer controles en los mercados.