Análisis del CDC demuestra que aumento ilegal de $0.35 ctvs a la tarifa del transporte público deteriora más a la economía familiar salvadoreña.

Aunque la reciente alza del transporte colectivo, algunas personas lo podrían interpretar como de "unos pocos centavos", este no deja de ser un incremento muy sensible a la población, ya que, según estimaciones del Viceministerio de Transporte, entre un 65 y 70 por ciento de las y los salvadoreños lo utiliza a diario para movilizarse, además, vale recordar que este medio es utilizado, mayormente, por sectores con bajos ingresos.

Tomando en cuenta las variables, de frecuencia de uso y salarios se pueden hacer estimaciones del impacto que este aumento tiene.

Por ejemplo, una mujer que trabaje en la maquila 20 días al mes, y que, en el mejor de los casos, pague sólo dos pasajes al día, deberá invertir la cantidad de $14.00 mensuales, lo cual representa un 8.38% de su salario ($167.10), pero si labora 24 días (incluyendo sábado) y paga 4 pasajes para ir y regresa de su centro de trabajo, deberá invertir $33.60 al mes, es decir, un 20.11% del salario.

Asimismo, en el caso de una familia, que el padre y la madre estén empleados y logren obtener el ingreso de un salario mínimo de la maquila ($167.10) y uno de comercio y servicios ($192.30), y trabajen 20 días al mes y paguen 4 pasajes, en el mejor de los casos, gastarán $28.00, que representa el 7.79% del ingreso total familiar ( $359.40). Pero si laboran 24 días al mes y deben utilizar 4 pasajes cada uno, para llegar a sus respectivos trabajos, deberán invertir la cantidad de $67.20, que significa el 18.70% del ingreso familiar. (Para mayores detalles ver archivo adjunto)

Estas estimaciones proporcionan nuevas luces sobre lo alarmante de la situación a la que se enfrentan miles de familias salvadoreña, porque, además, hay que tener en cuenta que a este gasto en el transporte de la madre, el padre o ambos, habría que agregar el transporte de los hijos e hijas que tienen que ir a sus centros de estudio. A esto hay que sumar el incesante aumento en los precios de los alimentos, el pago de vivienda y servicios esenciales.

Ante tal situación, el CDC, demanda de las autoridades del Viceministerio de Transporte y de la Defensoría del Consumidor, de acuerdo a sus respectivas competencias, detengan de manera inmediata este aumento ilegal de los empresarios- transportistas y que se les aplique las sanciones respectivas, ya que con su acción ilegal atentan en contra de la precaria economía de la mayoría de las familias salvadoreñas.

Y exige, a los entes responsables, que cuanto antes se busquen soluciones, efectivas, inmediatas e integrales a la problemática del transporte público de personas, ya que los subsidios y otras medidas similares no son sostenibles a largo plazo, debido al continuo aumento que experimentan los precios de los hidrocarburos.