Diversas organizaciones presentaron análisis económicos, sociales, jurídicos y de derechos humanos que dejan muy mal parada a la administración de Elías Antonio Saca.

Las organizaciones que integran la Concertación por la Paz la Dignidad y la Justicia Social, entre las que se encuentra el CDC, se dieron cita en un hotel capitalino para desarrollar un foro en el que se analizaron, desde la perspectiva económica, social, consumerista y de derechos humanos, los cuatro años de gobierno del Presidente Elías Antonio Saca.

La presentación del balance económico estuvo a cargo de Armando Flores, Director Ejecutivo del CDC. En dicha ponencia se expuso, en primer lugar, un análisis de la situación macroeconómica que demuestra que El Salvador presenta un débil crecimiento económico, a pesar de la propaganda oficial.

Los datos obtenidos por el CDC de fuentes oficiales evidencian que El Salvador tiene el segundo peor crecimiento económico en América Central, después de Nicaragua y ocupa, apenas, la cuarta posición en cuanto a inversión extranjera.

Pero lo más alarmante, de acuerdo a Armando Flores, es el incremento de la deuda pública, ya que desde el 2003 a la fecha prácticamente se ha duplicado, pasando de 4,718 millones a 8,638.70 millones.

A nivel microeconómico, lo que destaca es el encarecimiento de la vida, debido al elevado costo de la canasta básica y otros servicio esenciales como el agua, la luz y la telefonía.

Para el caso, la canasta urbana y rural se han incrementado entre $30 y $32 dólares durante la gestión del presidente Saca, la canasta de mercado ha incrementado $130 y los salarios mínimos, en algunos casos, apenas se han aumentado $10 en la presente administración. (Para información más detallada descargue la presentación)

Dicha situación ha ocasionado un malestar generalizado en la población, mismo que se ve reflejado a través de diversas encuestas de opinión realizadas por universidades y medios de comunicación y que demuestran que la mayoría de las y los salvadoreños desaprueban la gestión de Saca, ya que consideran que no se está haciendo lo suficiente para resolver la crisis.

En general, el veredicto es desfavorable, ya que durante dicho período ha habido un deterioro generalizado en la calidad de vida de las familias salvadoreñas que se agrava aún más debido a los altos índices de criminalidad (hasta la fecha son 15 mil homicidios cometidos entre el 2004 y el 2008) una situación de inseguridad que a pesar de los planes “mano dura” sigue afectando a gran parte de la población.

Así mismo, de acuerdo a FESPAD, la excesiva injerencia que tiene el presidente en asuntos de otras instancias estatales como la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, la Fiscalía, por mencionar algunas, ha conllevado a una pérdida de la autonomía y a una crisis de la institucionalidad del país.

El panorama, desde la perspectiva de los derechos humanos, tampoco es alentador, sigue habiendo persecución y desapariciones de carácter político, la impunidad ante hechos concretos que violentan los derechos de la ciudadanía sigue sin ser resuelto por las autoridades competentes.