Investigaciones presentadas en el Foro sobre "Ley de Medicamentos", mostraron que las y los salvadoreños compramos las medicinas más caras de Centroamérica y del mundo.
La Alianza contra la Privatización de la Salud organizó la actividad con el objetivo de informar a las y los promotores, líderes y liderezas de siete departamentos del país, sobre la actual situación de los altos costos de los fármacos, resultado de la ausencia de una Ley y Política Nacional de Salud.
El Dr. Eduardo Espinoza, del Observatorio de Políticas Públicas y Salud de la Universidad de El Salvador, aseguró que de cada 2 medicinas recetadas en los establecimientos públicos, una de ellas no se encuentra disponible.
Es decir, que los pacientes tiene que ir a las farmacias fuera del sistema, donde se encuentra los fármacos más caros, porque las Unidades del Ministerio de Salud o del Seguro Social no cuentan con ellas.
En las farmacias privadas, medicinas para el tratamiento de la diabetes cuestan 52 veces más que el Precio Internacional de Referencia (PIR) de la OPS, por tal razón, señaló el Dr. Espinoza, es prioridad que se reduzcan los márgenes de ganancias de estos establecimientos.
El estudio se realizó en 43 medicamentos genéricos y de marca innovadora que existen en el país.
La investigación reveló que un trabajador urbano con un salario mínimo, necesita un día o más de labores para comprar las medicinas, lo cual quiere decir que amplios sectores de la población no tienen capacidad de pago para suplir esta necesidad.
Por su parte, La Dra. Diana Burgos, de Incidencia e Investigación del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), explicó que de una muestra de 21 medicamentos: 12 innovadores y 15 genéricos, El Salvador tiene el primer o segundo precio más caro de Centroamérica.
Así lo presentó la investigación ¿Promoción ética y precio justo en los medicamentos?. Una mirada desde las organizaciones de consumidores en Centroamérica, que se realizó en el 2007 y que incluyó el análisis de precios de ventas al público de 21 fármacos.
Margarita Posada, de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), informó a las y los asistentes sobre el Anteproyecto de Ley de Medicamentos, el cual entregaron diferentes sectores de la sociedad civil a la Asamblea Legislativa.
La propuesta contempla que la industria farmacéutica debe contar con productos de alta calidad pero con precios competitivos, a fin de incidir positivamente en la economía de las familias salvadoreñas.
Para la representante de APROCSAL, no se puede hablar de acceso sin regulación de precios y controles de calidad. Añadió que se debe "frenar a los mercaderes que han hecho un gran negocio con la salud de la población".
Los medicamentos son el primer rubro del gasto en salud, en los hogares pobres de El Salvador, anualmente, el mercado se reduce en volumen de ventas pero, aumenta en monto.
Gobierno de Saca con deuda en sector salud
La Alianza contra la Privatización de la Salud denunció que el desabastecimiento de medicamentos alcanza hasta un 35% en el Seguro Social y 50 % en el Ministerio de Salud, por lo que la población se ve obligada a la compra privada de los mismos.
Las y los miembros de la Alianza, manifestaron que aún persiste la falta de equipamiento e insumos en los hospitales y unidades de salud de la red pública, y los establecimientos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
De acuerdo a Margarita Posada de la Alianza, la falta de equipo o de quirófanos, obliga a suspender las intervenciones en los pacientes, como es el caso del Hospital Rosales, donde se dejan de practicar 20 cirugías diarias.
Añadió, que el servicio de laboratorio también es deficiente y en el último año pacientes con VIH se les ha negado la oportunidad de conocer su estado pues no se cuenta con los reactivos para pruebas como el llamado C4 y la carga viral.
Para la Alianza, durante el año 2007, la administración del Seguro Social, continuó profundizando la privatización de los servicios de salud, en diferentes áreas como servicios de laboratorio clínico, diagnósticos por imagen, consultas de especialidades, entre otros. Lo cual nuevamente pone en evidencia, la determinación del gobierno de continuar favoreciendo los intereses mercantilistas de un reducido grupo de empresarios, en detrimento del derecho a la salud de la población.
Las y los representantes de la Alianza, ofrecieron las declaraciones en el marco de los 4 años de gestión del Presidente Antonio Elías Saca.