Organizaciones y movimientos sociales proponen reducir 50% del IVA en alimentos. Con la medida se ahorrarían alrededor de $93 millones al año.

Diversas organizaciones y movimientos sociales, preocupados por el alto costo de la vida, presentaron este día, en la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia en la que proponen medidas económicas para detener el alza en cinco alimentos esenciales de la canasta familiar.

La propuesta que se plantea es la de aprobar un decreto transitorio (vigente hasta el 31 de diciembre de 2008) para reducir en un cincuenta por ciento el Impuesto a la transferencia de bienes a la prestación de servicios (IVA), a la importación, internación, el consumo final o cualquier otro medio de transferencia, a excepción de la exportación del frijol rojo, arroz, maíz blanco, la leche en polvo y la harina de trigo. Dicho decreto sería prorrogable si la Asamblea lo considera conveniente.

La medida se traduce en un beneficio para la economía de la familias salvadoreñas y con la cual se ahorrarían alrededor de $93 millones al año.

Según lo manifestado por representantes de las organizaciones que el pasado 12 de marzo convocaron a "El Cacerolazo" la propuesta se fundamenta en un estudio que el Centro para la Defensa del Consumidor elaboró en el período comprendido entre enero 2007 y enero 2008 y en el que se constata que productos como el frijol, el arroz, el maíz y la leche presentan incrementos que van desde el 8.4% para el caso de la leche, hasta un 68% en el caso del frijol.

Sin embargo, a estos cuatro alimentos, esenciales en dieta de las familias salvadoreñas, hay que agregar la harina de trigo, que en los últimos meses, ha tenido un importante incremento de precios que ha provocado problemas de escasez así como encarecimiento del pan francés.

A juicio de las y los representantes que presentaron la petición a las y los diputados de la Asamblea es necesario que el Estado salvadoreño tome medidas de emergencia y que las autoridades del Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y la Defensoría del Consumidor hagan uso de los marcos normativos existentes de manera creativa para intervenir en la búsqueda de soluciones a esta problemática.