El CDC presentó un balance de las principales problemáticas en materia de protección de las personas consumidoras durante el 2007.
El Centro para la Defensa del Consumidor presentó un balance anual de las principales problemáticas que afectaron a las y los salvadoreños, así como una valoración de las propuestas de solución y los logros obtenidos en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras durante el 2007.
El balance hizo referencia a la aplicación del marco legal e institucional de protección a los derechos de las personas consumidoras, en concreto, el papel que ha desempeñado la Defensoría del Consumidor después de dos años de funcionamiento.
También se analizó la regulación sectorial en algunos bienes y servicios básicos como el agua, electricidad y la telefonía, y se efectuó una valoración del papel jugado por las principales asociaciones de consumidores del país.
La presentación estuvo a cargo de Ana María de Jovel, gerenta de servicios jurídicos y Armando Flores, director ejecutivo del CDC.
De acuerdo al CDC existe una creciente insatisfacción por el funcionamiento de la lógica del mercado en algunas áreas estratégicas para la economía y la sociedad.
En cuanto a la institucionalidad de la Defensoría del Consumidor, en general, se percibe una buena imagen mediática, además, ha impulsado varias acciones con relativo éxito, está contribuyendo a la difusión de los derechos y promoviendo una nueva cultura de consumo, tanto en proveedores como en consumidores.
Sin embargo, sigue siendo una omisión grave la no juramentación y despliegue formal del funcionamiento del Consejo Consultivo, órgano que según la ley, tiene la facultad de proponer al Presidente de la República la remoción de los miembros del Tribunal Sancionador y de la Presidencia de la Defensoría, por incumplimiento a sus funciones legales.
Además, es todavía sensible la tardanza en las resoluciones, de hecho, de 11 denuncias formales por violaciones a derechos colectivos presentadas por el CDC desde marzo a diciembre 2007, la Defensoría únicamente ha notificado la resolución de sólo un caso.
El panorama también se pinta sombrío en rubros como el agua potable, ya que el país aún no cuenta con una Ley General de Agua ni de una Ley de Agua potable y saneamiento que proteja este vital recurso de la sobre explotación, en este sentido el CDC puso al descubierto el floreciente negocio del agua envasada (100 marcas registradas por 89 empresas envasadoras).
Un estudio determinó que de una muestra de 34 marcas, una tercera parte envasa agua proveniente de la red pública; y las empresas envasadoras que obtienen el agua de pozos, sólo pagan 6 centavos de dólar por cada mil litros de agua extraído del manto acuífero, cantidad ínfima en comparación a los 240 dólares que representa la venta de 1000 litros de agua embolsada.
En el tema de electricidad, la presentación de propuestas, el cabildeo y presión social ejercida ante la Asamblea Legislativa y la SIGET contribuyeron a la reforma de la Ley General de Electricidad y a la modificación de los pliegos tarifarios aplicables a este servicio.
Estas modificaciones tienen entre otros efectos positivos: la eliminación del cargo fijo por uso de la red de distribución de energía eléctrica y la ampliación de 25 a 100 metros la distancia en que la empresa distribuidora de electricidad está obligada a conectar nuevos servicios sin costo adicional para los usuarios.
La eliminación del cargo fijo por uso de la red provocará una reducción tarifaria de al menos el 5% a partir de enero de 2008; y la ampliación de la distancia para la conexión obligatoria de nuevos usuarios favorecerá a miles de familias pobres que por carecer se recursos no podían acceder al servicio de energía eléctrica.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el año cierra con malas noticias para las familias salvadoreñas y es que, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) entre noviembre 2006 y noviembre 2007, la Canasta Básica Urbana incrementó de $140.02 a $162.65, que representa un alza del 16.1%; un mayor aumento mostró la Canasta Básica Rural, que en mismo período subió de $98.64 a $ 121.78, con una subida del 23.4%.
Con respecto a la Canasta de Mercado, también en el mismo período subió su precio de $ 682.00 a $724.47, lo que significa un aumento del 6.22%.
Ante esta situación el CDC recomienda a las personas consumidoras a mantenerse vigilantes del cumplimiento de la aplicación de ley por parte de los entes reguladores del estado, así mismo hace un llamado a las autoridades estatales para que el próximo año que está por iniciar, finalmente, se implementen políticas efectivas encaminadas a subsanar la grave crisis económica que afronta El Salvador.